LA TORMENTA PERFECTA

ECONOMÍA, POLÍTICA Y MARASMO  INMOBILIARIO: UNA REFLEXIÓN PERTINENTE PARA NUESTRO GREMIO

Nuestra evolución político económica como sociedad nos plantea un cambio de paradigma a las oficinas de arquitectura en el desarrollo de proyectos inmobiliarios con énfasis en vivienda colectiva, éste nos debe permitir tener  miradas frescas  y estratégicas frente a la nueva realidad, pero al mismo tiempo intentar volver a un ecosistema de mayores grados de certezas para las cuantiosas inversiones que el sector materializa en las ciudades, esto con una visión de responsabilidad social empresarial y de agregación de valor a la convivencia y calidad de vida que ofrecemos a los habitantes de núcleos urbanos.

Algo de contexto antes de introducirnos en los aspectos técnicos de las nuevas miradas.

A partir de los años 2000 con la entrada en vigencia de leyes ambientales, tribunales ambientales, instituciones como  el “Comité de Ministros”, el Consejo de Monumentos Nacionales y las Declaraciones de Impacto Ambiental y los consecuentes Estudios de Impacto Ambiental, en ambos casos  con las vinculantes “Consultas Ciudadanas”, se le ha impuesto al sistema aprobatorio de las diferentes iniciativas de obras de infraestructuras, vivienda y equipamiento altos costos con “Estudios y consultorías” que derivan en obras de mitigación con grados de discrecionalidad y dilatorios tiempos de respuesta que la institucionalidad ha llevado a extremos que muchas veces hacen inviables las inversiones.

Se suma a esta realidad la enorme presión sobre el valor del suelo urbano ;  el natural proceso de densificación que genera equidad territorial en la oferta de bienes públicos que la ciudad ofrece se ve obstaculizado por la gestión de administración de los  Planos Reguladores Locales, los consejos municipales junto a los alcaldes tergiversan el objetivo técnico de estos traspasando intereses electorales cruzados con los intereses particulares de los vecinos a un conjunto de normativas urbanas que debieran velar por la equidad territorial y la mejora en la calidad de vida de todos los estratos socioeconómicos.

Es así como “not in my back yard” es concebido como un mandato de los electores que no quieren ver un proceso de densificación en sus entornos intentando desplazar la equidad territorial urbana lejos de su área de influencia. De lo contrario, los electores no reeligen a sus autoridades de gobierno comunal para un próximo período.

Las direcciones de obras municipales en otro mandato subsidiario de la administración del estado respecto de la ley General de Urbanismo y Construcciones, los instrumentos de planificación territorial y la Seremi de Vivienda análogamente respecto a los Planos reguladores  Intercomunales, contribuyen al estado del arte de la actividad inmobiliaria con especial énfasis en vivienda colectiva; con el argumento de oposición permanente de los vecinos a cualquier iniciativa que altere el “Status Quo” ideal, estas instituciones ponen cortapisas al fluir del desarrollo inmobiliario; por una parte las direcciones de obras acogiendo los intereses particulares de vecinos hacen interpretaciones restrictivas y a veces “pasadas de rosca” respecto a sus atribuciones en la aplicación de las normas, consecuentemente con esa situación ante la controversia entre una iniciativa inmobiliaria y la interpretación de la DOM, ésta se declara incompetente y le traspasa la interpretación de la normativa a palicar a la División de desarrollo Urbano dependiente de la Seremi de Vivienda que por supuesto no atiende a su obligación de “Economia Procedimental” en sus actos administrativos incumpliendo latamente los plazos de respuesta contenidos en la Ley General de Urbanismo y Cosntrucción para estas interpretaciones normativas y muchas veces haciendose eco de la interpretacion municipal con un sesgo anti densificación per se.

Esta falta de conciencia de bien común, característica de nuestras sociedades marcadas por el individualismo a ultranza y el cruce de intereses , colisiona con el más básico sentido de equidad urbana, como el de la “economía de medios” , que permite priorizar inversiones públicas según criterios técnicos y no políticos.

En este mismo sentido y sumado al religioso enfoque medioambiental que las agendas del progresismo han consolidado como un credo institucional en la administración del estado, cuando éste actúa subsidiariamente aplicando  este supuesto mandato ciudadano de negar por principio el desarrollo inmobiliario por considerarlo depredatorio de barrios y de la calidad de vida de los habitantes,  configuran un panorama político en que las élites económico sociales impiden el acceso a viviendas de menor valor restringiendo la movilidad social.

Configurado así el estado del arte político-normativo que se hace imposible que el sector inmobiliario retome la senda de crecimiento necesaria para seguir construyendo bases de cohesión social y desarrollo económico equilibrado.

A la luz de esta realidad tácita, las comunidades empoderadas cobran a la administración municipal el potencial daño que cualquier iniciativa inmobiliaria tiene implícita, “not in my back yard”..

Institucionalidades aprobatorias como el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), con sus derivas de Declaración de Impacto Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental y su consecuente dirimente del CM (Consejo de Ministros);  los IMIV (Informe de mitigación de impacto Vial);  el CMN (Consejo de Monumentos Nacionales) y sus declaratorias se han configurado como el marco regulatorio superior (además de las normas urbanísticas propias de cada plano regulador)  para el desarrollo urbano, sin embargo el sesgo ideológico de un sector que ha impuesto su agenda en el sentido de establecer contrapesos al mal llamado “desarrollismo” considerado nocivo, extremo y contrario a la conservación de la naturaleza como valor absoluto han devenido en el gran obstáculo a las iniciativas inmobiliarias.

En este escenario, se configura el peregrinar de los arquitectos en la consecución de los permisos necesarios para iniciar una obra, un proceso que hoy carece de un horizonte claro, cerrando un cuadro de estancamiento general de las inversiones en el sector. Actualmente, el país registra niveles de actividad –medidos en superficie aprobada en m²– equivalentes a los años 90, pese a contar con una población un 40% mayor y un PIB también un 40% superior.

A todo lo anterior debemos agregar que las condiciones del entorno económico-político  del país han ido a la baja a partir de los años 2006 en adelante, gobiernos de izquierda más ideológica comenzaron a poner por delante el gasto en bienestar social por sobre el crecimiento económico y la productividad, los programas sociales que dieron cabida al estado de bienestar, los derechos sociales como “caballo de batalla” comenzaron a horadar el delicado y necesario equilibrio de las cuentas fiscales en forma persistente y sistemática lo que nos llevó durante varios gobiernos a transgredir la autoimpuesta pero consensuada “regla fiscal” neutra en relación a la razón Ingresos del estado / gasto público, para esto, sucesivos gobiernos emitieron deuda pública llegando a ser un 41.64% del PIB nacional. Este escenario se ve apoyado por una clase política que busca réditos electorales de corto plazo por sobre las estrategias de largo plazo para el gasto social, profundizando las debilidades estructurales para una estrategia de desarrollo país.

La modificación de ley al sistema político que transitó de un sistema binominal, que favorecía los partidos políticos grandes y coaliciones a uno fragmentado en que se pueden elegir parlamentarios con un 2 % de los electores de una circunscripción contribuyen a la dispersión de intereses particulares y corporativos que colisionan con el bien común y los acuciosos problemas y trabas que el país tiene para alcanzar niveles de desarrollo económico social que aseguren estabilidad institucional y política, entre estos la imperiosa ¨modernización del estado¨.

Con un parlamento con los niveles de atomización de los incumbentes, se hace prácticamente imposible llegar a acuerdos de consenso político para el desarrollo del país.

A fines de la segunda década de este siglo, durante el período de gobierno de orientación de centro-derecha , fustigado éste por una oposición implacable que impidió  modernizaciones a la administración del estado, necesarias para retomar la senda del modelo de desarrollo “mercado con equidad social” comienza a manifestarse la percepción en la sociedad que no se avanza, que la promesa de la meritocracia no es tal, que los beneficios del ¨libre mercado¨ sólo llegan a la élite económico social del país incluídos los políticos, la izquierda más ortodoxa y el Frente Amplio, movimiento político que surge de las manifestaciones estudiantiles del 2009 por una educación sin lucro y de calidad,  intentan desestabilizar el gobierno usando como instrumento el “Estallido social” de octubre del 2019;  la salida a esta profunda crisis institucional y política encuentra un camino en la propuesta de un proceso constituyente que intervenga el sistema político poniéndolo al día y sacar el estigma de la “Constitución de la Dictadura”. En marzo del 2020 se nubla el horizonte con la llegada de la pandemia Covid 19 que sume al país en una suerte de pesadilla aletargada que detiene el tiempo social y altera nuestra convivencia a tal grado que el mundo ve la destrucción de vidas humanas por todo el orbe.

La desestabilización del gobierno continúa con la clase política exigiendo ingentes recursos para paliar la destrucción de empleo producto del “Black Out” pandémico,  especialmente en los emprendedores e independientes, ésto lleva aprobar tres retiros consecutivos de las cuentas individuales de los fondos de pensiones por un total de USD 50.000.000.000 (cincuentamil millones de dolares) que se inyectan al consumo de las familias generando un espiral de inflación que 4 años después aún nos cuesta controlar.

Ya alrededor del 2015 el país comienza a recibir una ola migratoria desde países como Haití, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador que ven Chile una oportunidad de mejorar las condiciones de vida que vastos sectores de la población latinoamericana sufren por políticas populistas y demagógicas de sus gobernantes.

Es así como la inmigración sube desde el 2015 de 500.000 inmigrantes a 1.800.000 el año 2025, inyectando al sistema público de prestaciones de salud, educación y vivienda una presión que el estado no ha sido capaz de resolver; la migración regular ha logrado paulatinamente integrarse a la sociedad y aportar al desarrollo nacional sin embargo junto con ésta la inmigración irregular  que ingresa al país por pasos fronterizos no habilitados , que generalmente es población de escasos recursos económicos y culturales,  al ingresar al país es presa de bandas de narcotraficantes locales y extranjeros que contribuyen en forma relevante a crear un clima de inseguridad ciudadana y de percepción de corrupción institucional que son potenciales agentes de socavamiento de las bases de los atributos de nuestra democracia.

En paralelo a este proceso de desestabilización de la última década y media se inicia el 2021 el año electoral que sectores de la nueva izquierda  y la izquierda más ortodoxa aliados en una coalición política son capaces de capitalizar el descontento social con la promesa refundar el país amparados en el proceso constituyente que contiene en sus bases el mismo planteamiento , ganando las elecciones del período 2022-25.

Durante este último período de gobierno la coalición que lidera  la nueva izquierda, sin mayor experiencia en gobernar  administrando el estado,  cohabitando con  la más ortodoxa más algunos cuadros técnicos de la socialdemocracia han profundizado el concepto de “bienestar social” por sobre el crecimiento y productividad económica ; intentos como la destrucción del sistema de capitalización individual en el sistema de pensiones para transitar a uno de reparto administrado por los gobiernos de turno con la permanente tentación de promover programas populistas para morigerar fracasos de políticas económicas de redistribución de la riqueza por decreto e ideológicamente marcados por una visión ambientalista religiosa amparando la desidia y burocracia institucional trabando la aprobación de proyectos de inversión y dilatando en promedio a 8 años la aprobación de grandes proyectos de infraestructura pública y privada , minería, salud y educación contribuyendo a incorporar ¨inestabilidad¨ al sistema económico. 

Estos hechos terminan de configurar el marco de inestabilidad político-económica iniciado en el año 2006 con las reformas en orden a establecer un estado de bienestar sin tener los recursos sostenibles en el tiempo para esto.

Para cerrar el círculo del ecosistema económico-social en marasmo, el sector financiero reacciona frente a la inestabilidad económico-social que redunda en bajas tasas de crecimiento económico, estancamiento de la generación de empleo y inestabilidad política institucional ya arraigada hace más de una década con restricciones al financiamiento de nuevos proyectos, altas tasas para el costo del crédito, condiciones comerciales imposibles de cumplir por parte de los desarrolladores inmobiliarios; por otra parte la demanda por vivienda sobre las 4.000 UF cae estrepitosamente por el efecto  retiros del sistema de pensiones (menor disponibilidad de las AFP para comprar letras hipotecarias) y la consecuente inflación, efecto inmediato sobre los dividendos hipotecarios.

Es así como los grandes empresarios e inversores inmobiliarios comienzan a dejar de invertir en nuevos proyectos locales, apostando por el hemisferio norte, que en general ofrece un ecosistema económico-social con estabilidad y con consensos políticos sostenibles a largo plazo para el desarrollo de sus iniciativas.

Las consecuencias de tal escenario de inestabilidad económica-política en el país se constatan en numerosas quiebras de inmobiliarias y constructoras que no fueron capaces de diversificar sus mercados objetivos y bajar su exposición financiera. Este proceso lo seguiremos observando en los próximos años.

Una alternativa al sistema financiero que aparece hoy como herramienta para los proyectos inmobiliarios de nicho son las administradoras de fondos de inversión creando fondos inmobiliarios de deuda privada que son sostenidos por los Family Office y las compañías de seguros; sin embargo una actividad tan relevante para la economía nacional no puede estar sostenida por iniciativas de “nicho”, quién debe movilizar la actividad es el sistema financiero como un todo con ofertas de crédito hipotecario a tasas competitivas y de largo plazo.

Así se va configurando “la tormenta perfecta” para un sector de la economía (la construcción como sector económico) que contribuye históricamente con el 20% del PIB nacional que hoy está en  una contribución del 8% y sin perspectiva de cambio de tendencia.

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ANTES DE ESBOZAR  PROPUESTAS PARA REVERTIR LA TENDENCIA DE UNA INDUSTRIA LOCAL EN COMPLETO MARASMO, ALGUNAS REFLEXIONES RESPECTO AL ESTADO DEL ARTE DEL QUEHACER  DISCIPLINAR DE LOS ARQUITECTOS.

Previo a  comentar algunas acciones en los diferentes ámbitos que nos competen a los arquitectos para contribuir con nuestras miradas al cambio de tendencia  necesarias para reactivar el sector construcción e inmobiliario en general , un juicio general a las oficinas de arquitectura y su futuro en un ecosistema de desarrollo de conocimiento acelerado vía la “Inteligencia Artificial” y su deriva digital en 3D; la potencial obsolescencia de un quehacer disciplinar fundado en la tradición de un conocimiento transmitido por universidades para profesionales de la arquitectura en el pensamiento análogo, hoy se pone en duda si este conocimiento permanecerá corporativamente en nosotros o su difusión digital con la ayuda de la inteligencia artificial nos privará del privilegio de la gestión de ese conocimiento y saber.

¿O será que el saber disciplinar por su componente creativo y cultural no perderá nunca el dominio de su gestión?.

En este sentido podemos aseverar que la arquitectura de nicho o de autor existirá siempre, sin embargo la arquitectura que intenta dar respuesta a grandes problemas sociales como las infraestructuras, las viviendas colectivas, la salud ,  la educación, cultura y el transporte contemporáneo a gran escala, que por ser hechos físicos violentos que impactan el medioambiente urbano y no urbano son por antonomasia complejas, colaborativas y multidisciplinares tendrán al frente herramientas de inteligencia artificial que por su manejo de datos y síntesis se manifiestan como el “Alter Ego” de los arquitectos, o un competidor con ventaja.

La industrialización y prefabricación, la capacidad de conservación energética de materiales y espacios, la sostenibilidad y el medio ambiente serán consideraciones permanentes del ejercicio profesional que persigue impactar positivamente y ser un catalizador de mejoras en la calidad de vida de un mundo que a pesar de todo sigue percibiendo a las ciudades como fuente de riqueza social y económica; en este sentido debemos mirar la IA como un socio permanente que nos permitirá dar respuestas efectivas a nuestros problemas de diseño con un mayor sustento de conocimiento y práctica.

En otro ámbito de nuestro quehacer aparece con mucha fuerza el concepto de  “Urbanismo participativo” y por extensión la arquitectura participativa cuando ésta lo amerita;  es la incorporación de las comunidades que se ven afectadas por una obra de infraestructura de gran escala, asentamientos colectivos de unidades residenciales (gentrificación), edificios educacionales, de salud, culturales y servicios públicos, así también los emprendimientos inmobiliarios de densificación; se trata que el arquitecto actúe como mediador, un ente pivotante y gatillador para llegar a consensos respecto  a los beneficios que la iniciativa inmobiliaria ofrece al capital social es mayor a los impactos negativos en la comunidad.

Finalmente el objetivo es que las comunidades se vean beneficiadas y validen las iniciativas inmobiliarias, ésto requiere desarrolladores con responsabilidad social empresarial y conciencia que toda obra es un hecho violento e impacta el entorno.

El estado del arte de la profesión hoy da cuenta de estar sometida a grandes tensiones , por una parte los grandes déficits de vivienda de interés social producto de la inmigración no controlada hacia nuestro país,  que a pesar de nuestro devenir interno sigue siendo visto como un país de mejores oportunidades que el resto de la región y la tendencia alcista del valor del suelo urbano son grandes temas donde los arquitectos tenemos mucho que proponer.

Frente al déficit de 700.000 viviendas de interés social en los distintos percentiles socioeconómicos que componen la sociedad aparece la industrialización y prefabricación como ejes de desarrollo disciplinar conducentes a lograr soluciones de vivienda de calidad, de rápida ejecución, a costos competitivos respecto de las alternativas tradicionales.

Políticas públicas orientadas a los proyectos de interés social como el DS-19 y DS-49 originadas en la segunda mitad de la anterior década han sido exitosas en establecer incentivos para que el sector privado desarrolle viviendas de interés social con una mejora cualitativa de los estándares de calidad de estas. Sin embargo la burocracia de la administración del estado y las trabas normativas han obstaculizado el cumplimiento de metas anuales que contribuyan a disminuir sustantivamente el déficit habitacional.

En otro sentido en el ejercicio profesional se oyen constantes lamentos respecto a la pérdida de liderazgo e injerencia de los arquitectos en la sociedad, la falta de valoración social de una disciplina del saber humano que construye su ¨habitat¨ otorgando condiciones de abrigo y protección para el desarrollo de la vida en comunidades se ha visto minusvalorada por una mercantilización y comoditización disciplinar, la técnica y su alcance nos intenta relegar al espacio de las bellas artes, connotación estética que es condición necesaria más no suficiente para el ejercicio profesional.

Una combinación de habilidades blandas y técnicas será clave para lograr mayor flexibilidad y versatilidad en las oficinas de arquitectura, condiciones básicas para sacarnos el estigma de la especialización. Los arquitectos, por formación académica, tenemos las herramientas para abordar permanentemente nuevos programas y encargos, a pesar de no haber tenido experiencia previa en un determinado encargo. Los arquitectos somos expertos en resolver el “Encargo Arquitectónico”, cualquiera sea el tipo.

Por otra parte los arquitectos atrincherados en la idílica concepción de la arquitectura como una disciplina más de las “Bellas Artes”, esperando el llamado de un mecenas para el encargo ideal,  no está reconociendo el lugar que la profesión tiene en la sociedad actual, se hace indispensable que como gremio articulemos en instancias  políticas y legislativas nuestra visión técnico humanista del papel relevante de la arquitectura en la construcción de una mejor sociedad, en ésto último la AOA (Asociación de Oficinas de Arquitectura de Chile, Asociación Gremial)  tiene mucho que liderar y aportar, un liderazgo claro y eficiente de nuestro gremio es clave en una visión de futuro.

Por supuesto que un ecosistema económico-normativo que incentive las cuantiosas inversiones y la toma de riesgo de los inversionistas, quienes además buscan grados razonables de certeza, es condición necesaria para romper el marasmo en el que nos encontramos las oficinas de arquitectura y la economía en general.

No es menos relevante considerar que en el evento que los vientos políticos cambien de dirección la recuperación del sector inmobiliario tiene gran inercia, demora el tiempo que ocupamos como sociedad en reconstruir los consensos mínimos que sostuvimos de los 90 al 2010 , que le permitan a la banca y los inversionistas desarrollar sus capacidades sobre fundamentos económico -sociales que perduren en el largo plazo. En consecuencia, se hace mandatorio establecer acciones a nivel legislativo y político que incentiven la demanda de viviendas.

ALGUNAS PROPUESTAS PARA DESTRABAR LA EMERGENCIA DE NUESTRA ACTIVIDAD PROFESIONAL Y LA DEL SECTOR INMOBILIARIO EN GENERAL.

Las propuestas que a continuación planteamos requieren de grandes consensos del mundo político-legislativo, de ahí la necesidad imperiosa de reformar el sistema político que incentive la creación de  grandes coaliciones de partidos políticos para lograr  consensos respecto de las necesidades del país.

PROPUESTAS:

EN EL ORDEN ECONÓMICO, PARA ACTIVAR LA DEMANDA POR VIVIENDAS DFL-2.

1. Reposición del crédito IVA de la construcción para viviendas DFL-2, sin tope de precio de venta, este incentivo de un 6,5 puntos del IVA de 19%, así mismo se propone reponer el crédito CEEC ( Crédito especial empresas constructoras) a ventas exentas por subsidios habitacionales, 12,35% del costo de la vivienda. Esta propuesta tendría una vigencia de 8 años a partir de su promulgación como ley.

2. Reposición del incentivo a la exención del pago del Global complementario por las rentas generadas por viviendas DFL-2, por un plazo de 5 años a partir de la promulgación de la ley.

3. Ampliar hasta las 8.000 UF de valor de venta de unidades de vivienda nuevas con créditos hipotecarios subvencionados hasta en 60 puntos base de la tasa de interés (0.60 %), esto con una garantía estatal que cubra hasta el 60% del valor de la vivienda.

   Duplicando los 50.000 subsidios actuales a 100.000 con el objeto de atacar las 100.000 viviendas en stock, con un plazo de vigencia hasta el 27 de mayo del 2028.

EN EL ORDEN NORMATIVO-APROBATORIO

1. Actualizar el guarismo normativo de la densidad en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para calcular las densidades de los planos reguladores locales definidos en términos de hab/ha, se aplica el divisor de 4 hab/unidad de vivienda. 

   
   

   Este guarismo está completamente obsoleto, el último censo arrojará, según información preliminar pública , que en Chile como promedio habitan 2,6 personas; si aplicamos este número al múltiplo que define las unidades de vivienda por unidad de superficie de terreno ( há.) veremos un aumento de un de un 54% en la cantidad de viviendas posibles de construir por unidad de superficie.

   
   

   Este solo efecto hace que los terrenos sean más atractivos para los desarrollos inmobiliarios, bajando desde un 28% como promedio de incidencia del valor del suelo por cada m² útil que se construye a menos de un 20%;un impacto directo en el precio final de la vivienda, lo que contribuiría junto con las otras medidas económicas a reactivar la demanda por vivienda.

2. Actualización de los parámetros de cantidad de automóviles por unidad de vivienda. 

   
   

   Entendiendo que cada comuna o sector específico en los planos reguladores locales implica realidades de infraestructura, transporte y configuración vial-edificatoria distintas, se deberá establecer un procedimiento fast track para, con estándares mínimos diferenciados por estas distintas realidades, establecer desincentivos al uso del automóvil, especialmente en sectores en que el transporte público, con su red metropolitana, impacta, dando un servicio de calidad a los barrios.

   
   

   Por otra parte, los desarrolladores inmobiliarios quienes manejan con mayor sensibilidad comercial la demanda de estacionamientos por sectores podrán regular la oferta más lógica para esta demanda

   
   

3. Para los casos cada vez más frecuentes de cambios de uso en reconversión de edificios existentes, se deberá ampliar la ley de copropiedad inmobiliaria estableciendo un capítulo que regule estas modificaciones de forma simple y eficaz.

4. Reforzar el valor jurídico de los permisos de edificación y urbanización otorgados por el Estado

   
   

   Se propone reintegrar el valor legal y técnico de las aprobaciones emitidas por el Estado a través de las Direcciones de Obras Municipales (DOM), otorgándoles plena validez jurídica frente a terceros y dentro del aparato público. Esto implica que toda resolución, permiso o aprobación urbanística tramitada conforme a derecho goce de presunción de legalidad y no pueda ser revertida arbitrariamente por otro órgano o instancia posterior.

   
   

   En particular, se sugiere incorporar expresamente el principio de “confianza legítima” en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su ordenanza respectiva. Este principio establece que un permiso debidamente tramitado, emitido bajo la normativa vigente y sin vicios esenciales, debe mantenerse vigente y producir todos sus efectos, salvo en casos excepcionales de dolo, falsedad o fraude comprobado.

   
   

   Esta medida busca restituir la seguridad jurídica necesaria para fomentar el desarrollo urbano planificado y proteger tanto al titular del permiso como al interés público, evitando la judicialización sistemática de proyectos aprobados y la incertidumbre generalizada que hoy inhibe la inversión inmobiliaria.

5. Actualización de la ley del Consejo de Monumentos Nacionales, los niveles aberrantes de irracionalidad en las prerrogativas que esta institución tiene para detener por tiempos prácticamente indefinidos cualquier iniciativa pública o privada de todas las escalas y usos parece un sin sentido a la luz de las acuciantes necesidades del país de responder a mejoras en el acceso a la población a bienes públicos y privados, el CMN se ha convertido en un obstáculo al desarrollo.

   
   

   Una nueva ley en este sentido debería establecer umbrales de injerencia y prerrogativas que sean auditadas por un consejo autónomo de expertos elegidos por la Alta Dirección Pública, lo anterior con plazos y procedimientos expeditos y eficaces.

   
   

   De alguna manera, este consejo debiera tener la potestad de declarar de interés de la república un determinado caso y los costos que irroguen sus decisiones deberán ser a cargo del Fisco de Chile.

CONCLUSIÓN

Finalmente mientras la institucionalidad del país, especialmente el sistema político no se orienten  hacia un sistema que otorgue consensos respecto a las prioridades país, fortaleciendo sus instituciones que dan soporte a la democracia liberal , el sistema económico que sustenta el crecimiento que mejora las condiciones de la experiencia vital de los ciudadanos no generará el punto de inflexión que los agentes como el sistema financiero requieren para desplegar su papel de intermediador entre la iniciativa privada y los flujos de capital necesarios para materializar estas.

¿Cómo pueden las oficinas de arquitectura influir en procesos políticos de tal magnitud?

Bueno, ineludiblemente, haciendo algo en lo que aparentemente  no nos sentimos cómodos, haciendo política, y digo aparentemente porque nuestra gestión para aprobar y construir proyectos de cierta escala nos hace naturalmente lindar con instancias políticas permanentemente.

Debemos ser estratégicos para ser convincentes en las instancias gremiales , legislativas y gubernamentales en el sentido de que estamos en presencia de una crisis en la actividad inmobiliaria no vista en los últimos 40 años, cuya profundidad costará un ciclo entero más de gobierno del país para revertir, siempre y cuando los vientos de occidente nos acompañen.

Definir objetivos claros con estrategias de gestión en todas las instancias necesarias; para ésto, profesionales con expertise deben mediar en nuestra gestión.

PATRICIO MORELLI URRUTIA.

                                                                                                    SANTIAGO, 23 DE JULIO 2025